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La Constitución de 1980 es una Constitución larga. A pesar de que el texto no es tan físicamente largo, este tiene agregadas una serie de leyes que se definen por los principios constitucionales. Por lo tanto, el modelo de desarrollo está constitucionalizado.

Primero, como dice el abogado Arturo Fermandois (defensor de la Constitución de 1980), "a la Carta no le simpatiza el aumento del Estado, menos si es como empresa". En base a esta preferencia por el sector privado, se han privatizado nuestros recursos naturales y bienes comunes como el cobre, el litio y el agua. Según estimaciones de Ramón López (2014) hemos regalado US$120 mil millones en 10 años, lo que equivale al 45% del PIB del año 2014. Como a la Carta no le gusta que el Estado de Chile cree empresas públicas para realizar inversiones y el sector privado no invierte en I&D, tampoco hemos hecho encadenamientos productivos. En el caso del agua, es más trágico aún, ya que el estado de Chile no tiene agua. El agua está privatizada, y las empresas distribuidoras deben comprar a esos privados el agua que está en nuestros ríos y cuencas, pero eventualmente podría vendérsela a otros, ya sea nacionales o extranjeros. Esto atenta contra la vida misma, pero la Carta prefiere el sector privado. Para qué decir un organismo público para administrar los fondos de pensiones. Por eso no le gustó el ente Estatal y el proyecto de ley de pensiones del gobierno privilegió abrir la administración a muchos actores privados.

 
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El Sindicato Nacional de Trabajadores Nº1, en sus pricnipios propone la defensa de la democracia y la paz social, la participación y la acción política incidente, es un deber informar a nuestras asociadas y asociados.

Con información didáctica proponemos empoderar el pensamiento holístico al interior de nuestra organización sindical y/o entorno...
Otro principio fundamental es el principio de no discriminación arbitraria y "aplica aquí un precepto especialmente dirigido al Estado, empresas o entes estatales" (Arturo Fermandois). Esto implica que ninguna cotización previsional puede ir obligatoriamente a una institución pública. Esto sería discriminatorio contra el sector privado. Por esto mismo, tampoco le gusta a la Carta que se gasten los recursos públicos en los servicios públicos, por sobre los privados. Así tan absurdo como se escucha. La Carta no permitiría por ejemplo fortalecer el financiamiento de las escuelas públicas.